Con la emigración de las poblaciones más jóvenes se está reduciendo la red de apoyo familiar de los adultos mayores y es imprescindible que se establezcan las estructuras para fortalecer y apoyar la única figura sobre la cual descansan los anhelos de bienestar de nuestros adultos mayores con limitaciones físicas, condiciones crónicas, diversidad funcional y / o cognitiva en su propio hogar: los cuidadores familiares. Así se desprende de la Resolución C. 584 del 29 de octubre de 2021 de la Cámara de Representantes presentada por el representante Hernández Montañez.
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A estos fines la Comisión de Bienestar Social, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, presidida por la representante Lisie J. Burgos Muñiz, presentó el miércoles la integración de un Grupo Especial de Trabajo tipo “Task Force” para realizar una abarcadora investigación sobre la figura del cuidador familiar de adultos mayores.
“Puerto Rico no tiene un sistema de servicio de apoyo en las comunidades para que los adultos mayores con alguna incapacidad o vulnerabilidad puedan envejecer en su casa con independencia, aun cuando más del 80% son dueños de su propio hogar. Estos servicios de apoyo social, mejor conocidos a través de los Estados Unidos como servicios en el hogar y en la comunidad (Home Community Based Services, o HCBS, por sus siglas en inglés), son difíciles de costear, ya que Medicaid no paga por servicios de cuidado prolongado en Puerto Rico. Es por esto que se hace más dificil de conseguir en la isla, debido a que los residentes de Puerto Rico tampoco cuentan con el beneficio de Seguro Social Complementario (SSI), que en los estados de la nación americana son claves para la accesibilidad de estos servicios.
Esto hace que el rol del cuidador familiar sea la única alternativa que tienen nuestras familias para proveerle una vida digna, independiente y activa a nuestros seres queridos mayores. Este rol cae generalmente en las mujeres de la familia y muchas veces tenemos personas mayores cuidando a personas mayores en estado de más fragilidad.
Los rigores de la labor del cuidador generalmente afectan su salud física, mental y emocional, y además impactan adversamente sus finanzas, ya que el 68% tiene que pagar el cuido de su propio presupuesto. En aquellos casos en que el cuidador aún forma parte de la fuerza laboral, el 56% sufre un impacto en su productividad por la necesidad de crear un balance entre sus roles de apoyo y sus responsabilidades en el empleo. Una quinta parte de las veces (21%), estos cuidadores se ven obligados a dejar de trabajar para cuidar a su ser querido.
Este asunto tiene además serias implicaciones mutigeneracionales, ya que cada vez son más las personas jóvenes que tienen que asumir el rol de cuido de un ser querido.
La población mayor en Puerto Rico seguirá en aumento. En el año 2019, el segmento de 60 años rondaba cerca del 30% de la población y la mediana de edad experimentó un incremento, a 44 años. Puerto Rico es una de las primeras tres jurisdicciones de la nación americana con mayor envejecimiento de la población e igualmente está entre los primeros tres del continente americano.
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En adición a las consideraciones salubristas y sociales de este tema, están los deberes, derechos y obligaciones legales que inciden en las tareas de cuido, y que involucran a los cuidadores familiares. Resulta fundamental efectuar un análisis de cómo la figura del cuidador familiar se conforma a nuestro ordenamiento legal e identificar las áreas de posibles controversias o ambigüedades. Este análisis nos ayudaría a identificar las revisiones que habría que proponer a los estatutos aplicables, incluyendo la formulación de una definición legal de lo que es un cuidador familiar y la visión de crear la política pública que le brinde su debido espacio en nuestro ordenamiento.
El proceso propiciado por esta Resolución requerirá la colaboración y el peritaje, no solamente de las Comisiones legislativas envueltas, sino también de colaboradores externos de empresas, organizaciones, entidades y otros sectores concernidos con la figura y el rol del cuidador familiar, quienes formaran parte de la labor del Grupo Especial de Trabajo”, se esboza en la Resolución C. 584 del 29 de octubre de 2021 de la Cámara de Representantes de Puerto Rico.
