El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia insistió el viernes que la corrupción es un asunto de los individuos y ocurre en todos los partidos.
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“Reitero, aquí la corrupción no tiene partido, no tiene nombre y apellido, salvo las personas señaladas y voy a decir algo. Aquí ahora mismo hay un caso penal en curso, contra una legisladora del Movimiento de Victoria Ciudadana, lo cual confirma que esto no es cuestión de partidos. Tienen que responder las personas individualmente, hay casos pendientes contra funcionarios electos del Partido Popular, así como del Partido Nuevo Progresista. En el pasado hemos visto que a nivel de la Cámara se han hecho señalamientos de por falta de ética a una legisladora identificada con el Proyecto Dignidad, que es otro partido”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.
“Así que lo que vemos es que si las personas fallan, tienen que responder y no importa de qué partido sean. Y en el Partido Nuevo Progresista, pues obviamente lo que queremos es candidatos y candidatas que estén libres de señalamiento, que puedan presentarse ante el pueblo, con la frente en alto. Eso sí, vamos a estar velando, esa es nuestra responsabilidad”, añadió.
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Según el gobernador, cuando las personas son señaladas por corrupción, pierden su reputación, su libertad y se afecta toda su familia.
“O sea, que es algo bien duro de enfrentar con este tipo de cargos, pero el que la hace, la paga”, expresó.
Un jurado federal compuesto por nueve hombres y tres mujeres, encontraron culpable este viernes, a la exrepresentante del Partido Nuevo Progresista (PNP), María Milagros “Tata” Charbonier Laureano por cargos de corrupción mediante el esquema de “kickbacks”.
El esposo de la exlegisladora, Orlando Montes Rivera, también fue hallado culpable.
Durante el proceso judicial, se presentó una serie de pruebas que incluyen fraude electrónico, lavado de dinero y una acusación adicional de obstrucción a la justicia para Charbonier. La defensa ha expresado satisfacción con el desarrollo del juicio y confianza en el resultado, destacando la ausencia de pruebas contundentes que vinculen directamente a los acusados con los cargos.
La fiscalía ha armado un caso sólido, fundamentado en testimonios y evidencias como grabaciones encubiertas y transacciones bancarias, que apuntan a un esquema de corrupción activo entre 2017 y 2020. Según la acusación, la pareja habría utilizado fondos estatales para su propio beneficio, una afirmación que la defensa ha cuestionado, insinuando la posibilidad de una historia incompleta presentada por la fiscalía.