Hace más de una década se discute sobre la crisis demográfica en Puerto Rico y su impacto a la “población envejecida”. El envejecimiento de la población es un fenómeno demográfico que consiste en un aumento en la proporción de la población de adultos mayores en comparación con la natalidad y la disminución de personas en edades productivas.
¿Qué se ha hecho al respecto? Muy poco. Hasta la fecha no ha sido prioridad establecer una política pública que brinde una mejor calidad de vida para adultos mayores (65 años en adelante).
“Cada vez que cambia un gobierno cambian los planes para estas personas y están en la última escala de prioridades. Se habla de mantener activa a esta población, pues hay que ofrecer oportunidades de empleo, hay que proveer seguridad y un servicio eficiente de transportación o transportación asistida para atender las necesidades particulares. Además, tenemos que ofrecer actividades recreativas para que puedan recrearse y ejercitarse, y apoyar a los cuidadores y amas de llaves”, estableció la doctora Carmen Delia Sánchez Salgado, procuradora de la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada (OPPEA), en entrevista con Activo.
Según los datos proporcionados por la procuradora, se estima que más de un 25% del total de la población puertorriqueña son adultos mayores de 65 años.
“Tenemos una población que es pasiva no productiva, lo que se conoce como una población dependiente. Esto impacta la economía del país porque no están en la fuerza laboral. Es una población que no ahorra porque no tiene fondos para ahorrar. Generalmente los fondos que reciben son del Seguro Social y apenas les alcanza para sus gastos médicos”, señaló Sánchez Salgado, al destacar los altos costos de los medicamentos y la limitación de atención médica para esta población.
De acuerdo con la procuradora, “la población de adultos mayores tiene que tener una participación activa en la sociedad. Se tiene que reconocer su contribución social, cultural, económica y política. Con la emigración de población en edades reproductivas el peso ha quedado en mucha gente que todavía no se ha jubilado y que sigue aportando a la economía. Esto nos lleva a pensar que por eso hay que continuar creando empleos”.
“Son bien limitados los servicios que tenemos para los adultos mayores. Tampoco tenemos los servicios de amas de llaves que son tan necesarios. Al Departamento de la Familia se le ha reducido el presupuesto para atender esta necesidad y esta es una de las áreas más prioritarias de atención”, subrayó.
Asimismo, la procuradora también hizo hincapié en detener el abuso, negligencia y maltrato.
Desde marzo de 2020 al presente el Departamento de la Familia ha recibido 6,026 querellas correspondientes a adultos mayores. Mientras que las querellas de la OPPEA alcanzan anualmente hasta 1,500 referidos.
“Esta población también sigue siendo víctima de abuso y maltrato a veces hasta de los mismos familiares”, mencionó al discutir otro factor que impacta a la población de adultos mayores, cuando sus hijos los abandonan o porque los nietos se convierten en una carga para los abuelos.
Por su parte el demógrafo Raul Figueroa Rodriguez explicó a Activo que la migración en edades productivas hacia los Estados Unidos (tan reciente como luego del paso del huracán María en la isla 2017) y la baja en los nacimientos, han acelerado el envejecimiento de la población.
“Hemos envejecido rápidamente pero no hemos avanzado en el proceso de enriquecimiento y desarrollo en comparación con otros países que tienen estos niveles altos de envejecimiento”, detalló el creador de la serie documental Más Allá del Censo: La Crisis Demográfica de Puerto Rico.
Según se desprende en el mencionado documental, otros factores que sustentan el incremento de la población de adultos mayores —que depende de la prestación de servicios de salud, cuido y asistencia— son los indicadores de longevidad y la expectativa de vida, que está alrededor de los ochenta años.
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